Datos personales

Albacete, Spain
Abogada Derecho Penal

sábado, 19 de abril de 2008

Calumnias e injurias: algunos aspectos de interés

Los delitos de calumnias e injuras son delitos que se caracterizan por lesionar un derecho personalísimo, como es el derecho al honor. En otras palabras, para que se pueda condenar por estos delitos, es imprescindible que la expresión proferida no sólo lesione la dignidad de una persona, sino también su honorabilidad, entendiendo por esto último la apreciación o estima que los demás tengan en cuanto a las cualidades morales de la víctima o perjudicado [3].

El artículo 18.1 de la Constitución Española eleva a rango constitucional el derecho al honor. El honor es un concepto jurídico indeterminado, cuya delimitación dependerá en cada caso de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento [5].

Por esta razón, los órganos judiciales disponen de un cierto margen de apreciación a la hora de concretar en cada caso qué debe entenderse por lesivo a este derecho [5].

Podemos decir, en términos generales, que lo que se pretende amparar es la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que puedan hacerla desmerecer en la consideración ajena, al ir en su descrédito o menosprecio o al ser tenidas por afrentosas en el concepto público [5].

En resumen, poniendo todo lo anterior en relación con otro derecho, el de la dignidad de la persona, recogido en el artículo 10.1 de la Carta Magna, podemos concluir afirmando que lo que viene a constitucionalizar el artículo 18.1 del mismo texto legal es el derecho a no ser escarnecido o humillado ante sí mismo o ante los demás, por lo que, cada vez que hablemos del derecho al honor, nos estamos refiriendo a justo a esto [5].

Al respecto hay que puntualizar que para que estemos ante una posible comisión de un delito de calumnias, no será suficiente que se profieran expresiones o imputaciones genéricas de hechos constitutivos de infracción penal, sino que ese achaque ha de ser individualizado y específico. O dicho de otra manera, no bastará con atribuciones vagas, inconcretas o ambiguas, sino que, por el contrario, habrá de tratarse de imputaciones de hechos inequívocos, concretos y determinados [3].

Sin embargo, cuando se trata del delito de injurias, precisamente la utilización de expresiones o términos genéricos o amplios puede ser justamente lo más perjudicial para el destinatario y, por ello, lo más lesivo a su derecho al honor y, por tanto, merecedor de reproche penal, pues dentro de una expresión así caben multitud de interpretaciones, cada cual más atentatoria [5].

El artículo 205 del Código Penal dispone que es calumnia la imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad. En conclusión, los requisitos que se han venido perfilando jurisprudencialmente para poder hablar de su concurrencia serían los siguientes [4] [5]:

a) La imputación a una persona de un hecho delictivo, que ha de reunir todos los elementos del tipo en cuestión, independientemente de su calificación jurídica [4];
Por imputar entendemos atribuir, achacar o cargar a otra persona con la imputación de un delito [5];
A direncia de lo que ocurre con el delito de acusación o denuncia falsa, donde el hecho imputado puede ser constitutivo de delito o de falta, en el delito de calumnia el hecho necesariamente ha de ser constitutivo de delito [5];
Además, el delito imputado ha de ser público, es decir, perseguible de oficio [5];

b) Dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con un desprecio evidente hacia la verdad y a sabiendas de su inexactitud [4];
La prueba de la veracidad de lo imputado competirá al querellado [5];

c) Ha de recaer sobre un hecho inequícovo, concreto y determinado, no bastando las imputaciones de carácter genérico, como ya se ha dicho en un párrafo anterior, dirigiéndose la imputación a una persona concreta e inconfundible [4];

d) Ha de concurrir el elemento subjetivo del injusto, a saber, el ánimo o intención específico de difamar, vituperar o agraviar al destinatario, que es lo que se conoce, en el acervo jurídico, como "animus infamandi" o "iniurandi"[4].

Respecto al delito de injurias, castigado en el artículo 208 del Código Penal, se necesita la concurrencia de los siguientes elementos [5]:

a) de carácter objetivo, referidos a las expresiones proferidas o a las acciones ejecutadas, que han de lesionar la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su justa estimación [5];

b) de índole subjetivo, con un marcado carácter intencional, en cuanto a que el ánimo ha de ser el dee ofender, vilipendiar, desacreditar, vejar, menospreciar, escarnecer, etc., al destinatario, es decir, lo que se conoce con el nombre de "animus iniuriandi" [5]:

c) un último elemento circunstancial, que aglutina todos los factores o datos personales, que apreciados valorativamente, contribuyan a esclarecer la verdadera intención o propósito que animaba al sujeto proferidor de la ofensa y, de otra, coadyuven a determinar la importancia y la magnitud de los tipos del Código Penal [5], lo que nos permitirá justamente trazar una distinción entre el delito y la falta de injurias;

d) Por último, trazamos otra diferencia entre las calumnias y las injurias, pues en estas últimas no rige la "exceptio veritatis". Es decir, a diferencia de la calumnia, en la que se permite la exculpación demostrando la veracidad de la imputación, las injurias se limitan a expresiones o acciones atentatorias contra el derecho al honor, que lo serán siempre, independientemente que se demuestre o no su veracidad.

En esta temática, conviene tener en cuenta que, cuando tocamos la temática de los delitos de calumnia e injurias. No conviene obviar que la libertad de información, constitucionalizada en el artículo 20.1.d) y la libertad de expresión, que podemos encontrar en el artículo 20.1.a) del mismo texto constitucional, son, nada más y nada menos, que los pilares básicos de cualquier sociedad democrática [3].

Ello es así, porque garantizan que se pueda formar una opinión pública libre. No podría existir una sociedad con tal adjetivo, si no se contara con otros factores, como el pluralismo político, la tolerancia o el espíritu de apertura [3].

La consecuencia no puede ser otra que estos derechos vienen a minar el ámbito del derecho al honor, precisamente cuando su titular es alguna persona pública, o que ejerce funciones públicas o resulta implicada en asuntos de relevancia pública. En estos supuestos, el derecho al honor de estos titulares se puede ver afectado por estas informaciones u opinones de interés general [3].

En ocasiones, la propia casuística ofrece supuestos complejos, en los que es difícil precisar si ha existido o no un exceso en la crítica a una determinada persona, ya sea física o jurídica. En estos casos es fundamental atender al ánimo o intención de la persona que ha proferido las expresiones objeto de análisis penal; es decir, si su intención era la de lesionar el derecho al honor o, por el contrario, lo que se pretendía era emitir una crítica [3].

El elemento subjetivo o finalista, para poder predicar la comisión de estas infracciones penales, ha de ser el propósito de atentar contra la fama y el honor de una persona, por lo que la imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz; bien porque se profirió a sabiendas de su inexactitud, bien porque se procedió con un desprecio absoluto hacia la verdad [3].

De lo anterior podemos concluir que el hecho será atípico cuando no exista una voluntad auténtica de atentar contra el derecho al honor del sujeto pasivo o afrentado [3].

Pero esta afirmación es incompleta. En efecto, cuando se produce una colisión entre los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información o del derecho de defensa con el derecho al honor, se ha de realizar también una ponderación de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, para analizar si la conducta del sujeto activo está o no justificada, para lo cual tendremos además en cuenta los siguientes factores [4]:

a) La preponderancia de las libertades que se garantizan en el artículo 20 de la Constitución Española, que sólo permanecerá si se ejercitan en relación con asuntos que gocen de un interés general, bien por la materia o por la persona a la que se dirigen, de modo que se esté contriyendo a la anteriormente referida opinión pública libre [4].

b) Ha de realizarse una distinción escrupulosa entre el derecho a la libertad de expresión, entendida como la emisión de juicios y valores, y la libertad de información, como manifestación de hechos [4].

Cuando se ejercita el primero de los derechos se ha de evitar el uso de expresiones que gocen de un contenido claramente injurioso, que resulten innecesarias o lesionen otros valores o derechos constitucionales, como podría ser la igualdad, la dignidad o el derecho a la intimidad [4].

Ello es así porque los pensamientos, las ideas, las opiniones y los juicios de valor no de prestan a una demostración en cuanto a su exactitud, a diferencia de lo que ocurre con los hechos, por lo que en este caso no será preciso hacer una demostración en cuanto a su verosimilitud [4].

En conclusión, la crítica, tanto cuando se ejerce el derecho a la libertad de expresión, como a la de información, no puede justificar el uso de expresiones o de apelativos injuriosos, insultantes o vejatorios, que excedan del derecho de crítica y que atenten manifiestamente contra la honorabilidad de aquélla persona, cuyo comportamiento o manifestaciones se analizan, incluso en el caso de tratarse de personas con relevancia pública, pues en nuestra Constitución Española, insistimos, no se constitucionaliza el derecho a insultar [4].

Por otro lado, el requisito de la veracidad va ligado al derecho a la información, que significa que los hechos hayan sido plena y exactamente demostrados o, en otras palabras, su equiparación con una realidad incontrovertible. O mejor, lo que la Constitución requiere es que el informador haya empleado un deber de diligencia, exigiéndole que contraste con datos objetivos los hechos que pretende transmitir [4].

A sensu contrario, quedaría privado de la garantía constitucional quien desinforme, es decir, el que actúe con menosprecio hacia la verdad o falsedad de lo comunicado, como ocurriría con los simples rumores, meras invenciones o las insinuaciones insidiosas o noticias gratuitas o infundadas [4].

Ahondando en la cuestión, este deber de diligencia exigible adquiere su intensidad máxima, cuando la noticia que se divulga pueda suponer, por su propio contenido, un descrédito en cuanto a la consideración de la persona a la que viene referida [4].

Un último criterio de modulación, como se ha especificado con anterioridad, vendría a ser la condición pública o privada de la persona cuyo honor quedaría afectado por la información, puesto que los personajes públicos o las personas que desarrollan actividades para conseguir una notoriedad pública, aceptan voluntariamente que sus derechos subjetivos de personalidad puedan quedar afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, respecto a ellos el derecho de información adquiere su máxima eficacia legitimadora [4].

Por el contrario, las personas privadas que puedan verse involucradas en asuntos de trascendencia pública, gozan de un ámbito superior de privacidad [4].

a subsidiaria del recurso de amparo). Su regulación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal entra a veces en contradicciones, y nos podemos encontrar con más o menos presupuestos procesales, en función del Juzgado que vaya a conocer del asunto. Así, por ejemplo, la necesidad de presentar querella para pretender su persecución o la celebrar un previo acto de conciliación [1].

En el proceso penal diferenciamos: a) si la calumnia o injuria se dirige contra autoridades, instituciones o simples particulares; b) cuando se dirige contra particulares, la forma en que se han producido esas calumnias o injurias [1].

Nos ajustaremos al procedimiento del Título IV del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sólo cuando la injuria o la calumnia se haya cometido contra particular (proceso especializado por razón de la materia), aplicando supletoriamente la normativa reguladora del procedimiento abreviado. Las especialidades se limitan a la fase instructora. Posteriormente, se sustanciará por el procedimiento que corresponda en función de la pena señalada para estos delitos, que será el abreviado [1].

El Juzgado de lo Penal es el competente para el enjuiciamiento de estos delitos y para su instrucción lo será el Juzgado de Instrucción, salvo cuando la injuria, ya sea delito o falta, vaya dirigida contra quien sea o haya sido esposa o mujer o esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, en cuyo caso el juzgado competente para la instrucción será el Juzgado de Violencia contra la Mujer [1].

La competencia territorial vendrá determinada en función del lugar donde se cometió el delito. En casos dudosos (por ejemplo, injurias por teléfono), se tomará en cuenta el lugar de consumación, es decir, el lugar en el que se recibió la injuria, el lugar del resultado. Si la injuria se ha publicado en la prensa, es competente el juzgado del lugar de publicación. Si la injuria se ha publicado en diferentes medios de prensa de diferentes ciudades, será juez competente el que primero haya recabado el conocimiento de la causa. Lo mismo cabe predicar en cuanto medios audiovisuales [1].

Para conocer del presupuesto de procedibilidad de los delitos de calumnias e injurias contra particulares, consistentes en la celebración del acto de conciliación, es competente el Juzgado de Primera Instancia o de Paz del domicilio o residencia del demandado, futuro querellado [1].

Los delitos de calumnias e injurias son privados, es decir, que sólo se pueden perseguir previa querella de la persona agraviada o de su representante legal. Así lo establece el artículo 215.1 del Código Penal [1].

Hay que puntualizar, que en virtud del artículo 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si los hechos son constitutivos de falta de injurias y así se denuncian, no es necesario presentar querella, bastando la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, pues según el precepto citado, el juez convocará a las partes a la celebración de un juicio de faltas [1].

También será suficiente la mera denuncia cuando se trate de delito de calumnias o de injurias dirigidas contra funcionario público, autoridad o agente sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos [2]. Incluso la denuncia no constituirá ningún requisito de procedibilidad, pues no hay que olvidar que en estos supuestos nos encontraríamos ante un delito público, por lo que los funcionarios que por razón de sus cargos tengan la obligación de persecución de los delitos, podrían abrir diligencias de oficio.

Cuando se trate de un delito de calumnias o injurias cometido con publicidad, supuesto que fue controvertido en tiempos pasados, podemos afirmar hoy categóricamente que también será necesario la presentación de querella (véase Disposición Derogatorio Única de la Ley 38/2002, de 24 de octubre) [1].

Si bien el autor DON JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA, en la obra citada en el primer comentario, afirma que no será necesaria la presentación de querella, cuando se profiera en el ámbito de la violencia familiar, por considerarse un delito público perseguible ex officio, mostramos nuestro desacuerdo con esa afirmación, dado que el artículo 620.2 del Código Penal, último inciso, declara que en los supuestos de injurias contra las personas a las que hace referencia el artículo 173.2 del Código Penal (sobre quien sea o haya sido cónyuge, persona que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia, descendientes, ascendientes, hermanos, por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, menores o incapaces que con él convivan, cualquier otra persona integrada en el núcleo de la convivencia familiar, personas especialmente vulnerables sujetas a custodia o guarda en centros públicos o privados) será precisa la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, para la persecución de la injuria, por lo que no deja de ser una falta privada, si es leve, o delito privado, si es grave [1].

Por tanto, respecto a la falta de injurias en el ámbito de la violencia familiar sólo hemos de puntualizar, que, al igual que el resto de las faltas de injurias, no será necesario la presentación de querella, sino que bastará la denuncia, convocando el juez inmediatamente a las partes a la celebración del juicio de faltas, en base al artículo 963 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [1]. Si los hechos fueran constitutivos de delito, sí será necesario la presentación de querella y la celebración del previo acto de conciliación.

Respecto al acto de conciliación, establece el artículo 804 de la Ley de Enjuciamiento Criminal que "no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto" [1].

Al ser un presupuesto procesal, la no presentación de esta certificación tendría que conllevar la inadmisión de la querella. Si bien, todo ello teniendo en cuenta la puntualización que nos hace el artículo 278 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su segundo párrafo, cuando dispone que: "Podrán, sin embargo, practicarse sin este requisito las diligencias de carácter urgente para la comprobación de los hechos o para la detención del delincuente, suspendiendo después el curso de los autos hasta que se acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior" [1].

Además, otra particularidad la constituyen las calumnias e injurias vertidas en un juicio, pues para proceder por ellas será necesaria la previa licencia o autorización del Juez o Tribunal que de él conociera o hubiese conocido; y esta autorización habrá de pedirse expresamente. El carácter de esta condición es el de un requisito de procedibilidad, si bien subsanable. Todo ello viene regulado en el artículo 215.2 del Código Penal y 805 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [1].

Por vertidos en juicio no sólo entendemos las proferidas en el plenario, es decir, en el juicio oral, sino cualquier otra expresión hecha valer en cualquier momento del procedimiento [1].

Denunciantes o querellantes no sólo pueden serlo las personas físicas, sino que también las personas jurídicas como agraviados delito o de la falta [1].

En cuanto a la intervención del Ministerio Fiscal, entendemos, ésta sólo será preceptiva en el caso de calumnias e injurias dirigidas contra funcionario público, autoridad o agente o de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, porque sólo en este caso se configura como un delito público, para cuya persecución no será preciso la previa querella de la persona agraviada o de su representante legal [1].

En el resto de los supuestos no lo será, y así también lo dispone el artículo 969.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando declara que "el Fiscal asistirá a los juicios sobre faltas siempre que a ellos sea citado. Sin embargo, el Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre los supuestos en los que, en atención al interés público, los Fiscales podrían dejar de asistir al juicio, cuando la persecución de la falta exija la denuncia del ofendido o del perjudicado. En esos casos, la declaración del denunciante el el juicio afirmando los hechos denunciados tendrá valor de acusación, aunque no los califique ni señale pena" [1].

6 comentarios:

maicavasco dijo...

Doctrina extraída de DON JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA, "Algunas cuestiones sobre el proceso por delitos de injuria o calumnia contra particulares", Revista de Derecho Penal, Enero 2008, Editorial Lex Nova.

maicavasco dijo...

Discrepo con JUAN MANUEL BERMÚDEZ REQUENA, en el sentido que las calumnias sólo pueden ser constitutivas de delito, mientras que las injurias lo pueden ser de delito o de falta.

Página 22, último párrafo.

maicavasco dijo...

3. Doctrina extraída de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 1ª, Auto 377/2007, de 27 de septiembre.

maicavasco dijo...

4. Doctrina extraída de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5ª, sentencia número 195/2007, de 5 de diciembre. Ponente: Ilma. Sra. Victoria Eugenia Fariña Conde.

maicavasco dijo...

5. Doctrina extraída de la Sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, número 389/2007, de 7 de diciembre, ARP 2007\696, Ponente Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Torres Segura.

Santa Pola dijo...

Hola,
quería saber si el querellado se retracta en el acto de conciliación, de una calumnia a particulares sin publicidad ¿se acaba aquí todo el proceso? ¿puede el querellante seguir con la querella? ¿puede pedir daños y perjuicios? ¡¡gracias!!